La actual crisis de salud por el Covid-19 no sólo ha provocado una crisis económica a nivel mundial, también ha puesto en evidencia la crisis alimentaria que muchos países vienen sufriendo por el abandono de los sistemas de producción animal. En sólo unas semanas, el Covid-19 ha dejado al descubierto los riesgos, fragilidades y desigualdades en los sistemas alimentarios de todo el mundo.

Los sistemas alimentarios llevan décadas al borde del precipicio, con políticas alejadas con la realidad o simplemente mirando a un lado para favorecer a los “amigos”. Pero algo es común y repetitivo: descuido total y falta de compromiso con la seguridad alimentaria.

Urge la necesidad de un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad civil. Un hecho que se ha vuelto evidente a raíz de la crisis sanitaria, que también afecta la economía y alimentación. Han surgido importantes brechas de gobernanza en cuanto a la inversión insuficiente en salud pública pero también en seguridad alimentaria. Si bien algunas autoridades públicas han tomado medidas extraordinarias para garantizar el suministro de alimentos, la crisis también ha hecho que muchas personas se vuelvan totalmente dependientes de la caridad y de la solidaridad de sus vecinos, de quienes no se puede esperar que cubran sus necesidades básicas.

El COVID-19 ha demostrado que los gobiernos deben actuar en nombre del bienestar común y de manera más efectiva cuando desempeñan funciones centralizadas básicas implementando acciones bien coordinadas y con recursos a nivel regional y local. Es allí donde las necesidades se entienden mejor y distintas herramientas pueden implementarse con la ayuda de la sociedad civil. Las organizaciones comunitarias, los grupos de agricultores y las cooperativas han demostrado ser un amortiguador eficaz contra los impactos de la crisis, lo que demuestra su importancia.

Todo cambio puede ser positivo y esta  transformación podría traer grandes beneficios para  todo el mundo: volviendo a conectar a las personas con la producción de alimentos, haciendo que los alimentos frescos y nutritivos sean accesibles y asequibles para todos, reduciendo así las condiciones de salud que hacen que las personas sean susceptibles a las enfermedades, y  proporcionando salarios justos y condiciones seguras a los trabajadores de la industria agrícola y alimentaria, limitando así su fragilidad ante las crisis económicas y sus riesgos de contraer y propagar enfermedades.

Bajo el oscuro panorama del Covid-19 y desde el aislamiento, más que llamar a la alerta y al pánico, nos debemos plantear la necesidad de reflexión y buscar en la crisis la oportunidad. Visibilizar y dignificar la agricultura familiar, campesina y comunitaria como la principal alternativa a los productos importados y al desafío sobre la seguridad alimentaria y el empleo que presenta la actual coyuntura.

Es ahora cuando se necesita fortalecer el capital básico para la agricultura. Es tiempo de pensar, nuevamente, en la inversión y en políticas encaminadas a los sistemas de beneficio colaborativos que permitan alcanzar economías de escala en los procesos agroalimentarios campesinos y/o rurales, pero, también con los sistemas agroindustriales. Programas de formación empresarial y extensión rural que vinculen la vocación y capacidades territoriales para crear nuevas y mejores formas de producción basada en los diferentes conocimientos campesinos.

Es el momento para fortalecer a todos los actores del sector alimentario y crear toda una nueva política que conviertan esta oscura noche en un nuevo amanecer de la producción que nos permita garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, siendo competitivos en un mundo post-Covid-19.

Queda esperar que la ayuda al sector alimentario no sea algo temporal y que no sólo quede en el discurso o en discusiones en foros internacionales.  Es recomendable que los países y los organismos interesados enfrenten el desafío de la seguridad alimentaria de manera prioritaria, como una medida de mitigación necesaria a corto, mediano y largo plazo.