En 1978 la Comunidad Económica Europea mediante su Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978 regulo el etiquetado de los alimentos basándose en la necesidad de proteger a los consumidores.

Después de transcurridos 21 años el Parlamento Europeo actualizo el etiquetado de los alimentos mediantes Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000 al considerar que es el principal medio de comunicación entre productores de alimentos y consumidores finales.

Ahora 11 años después en Parlamento Europeo está debatiendo la posibilidad de cambiar aquella normativa ya que según parlamentarios de los principales partidos políticos del Parlamento (Oreste Rossi, diputado del Partido de la Libertad y la Democracia, Crista Klass del Partido Popular Europeo y Matthias Groote, de los Socialistas y Demócratas ) no es peligroso consumirlos más allá de la fecha de caducidad, la legislación provoca que se desechen cada día toneladas de comida en buen estado, cuando hay personas que mueren de hambre en otros lugares, e incluso algunos parlamentarios calificaron de «delito» que en algunas cadenas de comida rápida hayan de ser eliminados todos los alimentos que no se consuman a los 10 minutos de su producción.

De ello se deduce que la legislación que se implanto en nombre de la protección de los consumidores, y que ha dado como consecuencia el encarecimiento de la industrialización de la producción de alimentos, ha empobrecido a parte de la población y ha contribuido a crear bolsas de pobreza y marginalidad, se hizo basándose en las razones que no tenían fundamento en opinión de la Eurocámara actual.

Ante situaciones, tales como esta, uno siempre se pregunta si las legislaciones, que por exageradas, se convierten en contraproducentes, para la población general de la Unión Europea en la que viven 79 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza , se implantaron de buena fe o habiendo un conocimiento de su ineficacia se implantaron como instrumento de intervención para favorecer a algunos lobbys (perjudicando en consecuencia a quienes no estaban integrados en los mismos) o para que algunos funcionarios (casi nunca de carrera) utilizaran esta plataforma para su enriquecimiento (ofreciendo servicios).

Si las medidas se implantaron de buena fe o como reacción a algún problema de seguridad alimentaria, aunque hayan sido contraproducentes, deberían merecer la reprobación del actual parlamento. Sin embargo si las medidas se implantaron bajo presión, de algún lobby o en busca del intervencionismo y del enriquecimiento personal, el actual parlamento debería perseguir penalmente a sus autores y a quienes se enriquecieron poniéndolo en práctica.

Es una pena que las iniciativas de organismos públicos acaben, usualmente siempre en declaraciones vagas o de condena a entidades privadas y nunca en el castigo de quienes obraron inadecuadamente desde cargos públicos.

El inicio de la revisión se basa en un informe presentado por Anna Rosbach (Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos) en la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo que examinó ideas para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria Entre las posibilidades que más se citaron se encuentra la de modificar las normas sobre caducidad, basadas en estrictos requisitos de calidad que obligan a desechar toneladas de alimentos que todavía son aptos para el consumo.

La solución la tendremos en la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara el próximo 22 noviembre del 2011 y un día más tarde en la comisión de Agricultura. Desde Veterinaria Digital nos preguntamos ¿se cambiara la normativa europea de etiquetado? ¿Se atreverán a condenar a los delincuentes (en palabras de Oreste Rossi)? o ¿será un lavado de cara debido a la situación de crisis alimentaria que por escasez de recursos está padeciendo una parte de la población europea? o peor aún no tendremos solución.