El tejido productivo europeo, en especial el de los países mediterráneos, está sometido desde hace décadas a restricciones ideológicas que una vez convertidas en legislación europea, aplicada en los países mediterráneos con una ortodoxia que vas más allá de los intereses generales y se parece a una destrucción masiva intencionada en favor de intereses foráneos, son una  de las causas de la realidad económica actual traducida en cierre de empresas y paro creciente. Las pequeñas y medianas empresas, fuente de la mayor parte del empleo, ven ralentizada su actividad por todo tipo de normativas. Se trata, en su raíz, de restricciones ideológicas alejadas de los intereses de los ciudadanos que perjudican a los sectores productivos sin beneficiar a la mayoría. La realidad económica está mostrando la necesidad de reformar estas restricciones. Algunas esperanzadoras reformas están convirtiéndose en modificaciones de normativas pero todavía falta abordar importantes temas. 

En lo que se refiere al sector ganadero y agrícola señalaremos dos ejemplos de reformas iniciadas y otras dos que en nuestra opinión merecen ser abordadas cuanto antes mejor.

Entre las reformas iniciadas expondremos dos ejemplos relevantes:

1. Cambios en la normativa de etiquetaje para alimentos. El pleno de la Eurocamara ha aprobado recientemente, por amplia mayoría, un informe que propone la modificación de las leyes de etiquetado para que los consumidores puedan distinguir, con más facilidad, entre la fecha máxima autorizada para la venta de los productos y la fecha límite en que se pueden consumir. Esta rectificación se produce 12 años después que el Parlamento Europeo en 2000 (Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000) actualizara una legislación de 1979 aplicando restricciones ideológicas. La nueva actualización de 2012 se apoya en la realidad, consecuencia de la legislación restrictiva sin fundamentos científicos anterior, de que cada día se desechan  toneladas de comida en buen estado cuando hay personas que mueren de hambre en otros lugares, e incluso algunos parlamentarios calificaron de «delito» que en algunas cadenas de comida rápida hayan de ser eliminados, por dichas restricciones, todos los alimentos que no se consuman a los 10 minutos de su producción. La actualización también incluye doble fecha (venta y consumo) y la posibilidad de que productos pasados de fecha de venta, dañados o con peor apariencia puedan venderse a precios reducidos o que se redistribuyan gratuitamente a bancos de alimentos.

2.    Cambios en el uso de harinas de carne para piensos. La estricta normativa actual se originó, hace 15 años, por un supuesto principio de precaución que permitió la prohibición del uso de harinas de carne en alimentación animal. Esto causo una importante pérdida de fuentes proteicas, el encarecimiento del pienso para alimentación animal y el consiguiente cierre de numerosas empresas del sector y granjas. Ahora  la UE está proponiendo levantar la prohibición que, en la práctica, abriría el camino al uso normalizado de harinas de carne en la alimentación de peces, aves y ganado porcino. Paralelamente el Consejo Nacional de la Alimentación francés ha considerado positivamente esta propuesta y tras una larga prohibición, relacionada con la crisis de EBS, la Comisión Europea ha redactado un documento que apoya su reintroducción argumentando que, ahora, las principales amenazas son la resistencia microbiana a antibióticos y las salmonellas. También se argumenta la necesidad de reducir la dependencia, que la UE tiene, de otras fuentes de proteína como la harina de soja. En este mismo documento, se propone el uso de harina huesos y de carne (excepto de la procedente de medula espinal e intestinos que son un pequeño porcentaje) en alimentación de porcino y aves, y se propone rebautizarlas como (PAT) Proteínas Animales Transformadas.

Estos ejemplos relevantes son solo una parte de la necesaria reforma de legislaciones europeas que dañaban a algunos sectores productivos y no benefician, o más bien perjudican, a los ciudadanos. Expondremos dos nuevos temas que en nuestra opinión deberían ser iniciadas de inmediato:

1) Necesaria modificación de la legislación sobre normativa de productos fitosanitarios y cultivos biotecnológicos. Al estudiar la autorización de importación de productos agrícolas de terceros países obtenidos en condiciones diferentes a las exigidas, a los agricultores europeos, se concluye que se sitúa, a los mismos,  en condiciones de inferioridad respecto de los agricultores de terceros países, por razones ideológicas, haciendo  necesaria una revisión legislativa  de los productos fitosanitarios que con criterios científicos garantice la mejora de los rendimientos  agrícolas, la seguridad alimentaria y el equilibrio medio ambiental.

Lo mismo ocurre al estudiar que la UE permite la importación y consumo de cereales modificados procedentes de Brasil, India, Sudáfrica  y China mientras existe reticencia a aprobar los cultivos modificados biotecnológicamente en Europa. Es una desventaja para los agricultores europeos que precisan 45 meses para obtener permiso para importar las semillas para el cultivo y otros 25 meses de trámites para obtener la autorización del cultivo.

Los defensores de los cultivos biotecnológicos constituidos por las empresas productoras y la mayoría de la comunidad científica exponen que la modificación de genes en plantas no es algo nuevo ni peligroso, es más preciso y no presenta mayores riesgos que la hibridación tradicional. Los detractores de los cultivos biotecnológicos constituidos por organizaciones agrarias de cultivo ecológico, organizaciones ecologistas, ONG, y organizaciones antiglobalización defienden que se pone en peligro el modo de vida europeo rural, la biodiversidad y el medio ambiente.

El principal problema radica en usar semillas con genes, de Bacillus thurigensis, productoras de toxina cristal que puedan afectar a la fauna básica de invertebrados que se encuentra en la base de la cadena trófica. Pero no se conoce el efecto que esta misma toxina producida por el uso directo de Bt en los cultivos.

En medio de esta argumentación, profundamente ideologizada, la OMS defiende que» la autorización del consumo de productos modificados está avalada por estudios relativos a la seguridad para el consumidor y que los productos actualmente disponibles en el mercado internacional han pasado las evaluaciones de riesgo y no es probable que presenten riesgos para la salud humana» y la FAO defiende que «los países en los que  se han introducido cultivos transgénicos en los campos no han observado daños notables para la salud o el medio ambiente. Además, los granjeros usan menos pesticidas o pesticidas menos tóxicos, reduciendo así la contaminación de los suministros de agua y los daños sobre la salud de los trabajadores, permitiendo también la vuelta a los campos de los insectos benéficos”.

Dado que retrasos de 70 meses (casi 6 años), en obtener los permisos, suponen en la práctica una restricción no avalada por razones científicas concretas ¿porque no pueden producirse, con normalidad, cultivos modificados en Europa? Parece, pues, tratarse de una restricción ideológica que perjudica a algunos sin beneficiar a la mayoría y se hace necesaria una revisión legislativa que con criterios científicos garantice la mejora de los rendimientos agrarios, la seguridad alimentaria y el equilibrio medio ambiental.

2) Legislación sobre agencias del medicamento relacionadas con los medicamentos veterinarios. Además de la Agencia Europea del Medicamento , sobre cuya reforma hemos tratado a consecuencia del caso Mediator, existen agencias nacionales del medicamento  que usan reglamentos diferentes en cada país dejando al «criterio del funcionario experto de turno» la aprobación de un producto o el establecimiento de condiciones de comercializaciones especiales, en función de determinadas relaciones personales (el blog de transparencia nº 7, 9,10,11,15,17,18,22 y 26 de esta publicación señala casos concretos) y crea desigualdades ante la ley. Parece tratarse de restricciones ideológicas o algo peor, y se hace necesaria una revisión legislativa que con criterios científicos garantice la mejora de los rendimientos ganaderos, la seguridad alimentaria y el equilibrio medio ambiental.

Empieza a crecer entre la ciudadanía, especialmente de los países mediterráneos, una corriente de opinión según la cual una parte importante de la crisis actual; cierre de empresas, aumento del paro y endeudamiento; se debe al daño causado al tejido productivo europeo por las legislaciones restrictivas implantadas hace más de 10 años basadas razones ideológicas en el mejor de los casos o por razones económicas, de algunos individuos, bajo la excusa de cierta ideología protectora del consumidor pero con clara finalidad de enriquecimiento personal. Deberíamos reflexionar, reformar las legislaciones de inspiración ideológica, dictadas en ausencia de criterios científicos, y además decidir que parte de las consecuencias de la crisis son atribuibles a restricciones ideológicas y si sus consecuencias (incremento de los niveles de pobreza, aumento de patologías por malnutrición, aumento de los suicidios…) deben conllevar responsabilidades administrativas, económicas y penales a sus impulsores.