Según fuentes consultadas por Transparencia, el día 26 de mayo, la funcionaria del DINASA, Morón Mayorga, tuvo que comparecer ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, como consecuencia de un proceso contra resoluciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario del Gobierno de la República de Panamá (MIDA).

La situación parte del intento, por parte de la funcionaria Morón, de mantener en MINSA ciertas atribuciones que, según la Ley 23 de 1997, le corresponden al MIDA creando así una situación de inseguridad jurídica que ha sido denunciada. La funcionaria justifica estas decisiones en que:

(1) A su parecer el MIDA no ha desarrollado legislación sobre algunos artículos de dicha ley

(2) A su parecer el MINSA en el mismo año 1997 legisló mediante el Decreto 93 sobre Buenas prácticas de Fabricación de Medicamentos Farmacéuticos. Fuentes consultadas por Transparencia indican que esta legislación no señala específicamente la inclusión del término veterinarios como tampoco lo hacen los Decretos nº 160 de 1998, ni nº 9 de 1999.

(3) A su parecer de esta forma, sin citar el término veterinarios, se le pueden atribuir al MINSA una competencia que, según expertos consultados, le corresponde al MIDA, desde 1997, y ahora en 2015 la funcionaria invoca falta de legislación específica para reivindicar, para el MINSA dichas competencias.

(4) Cualquier persona puede entender que un organismo o un funcionario no puede atribuir a un organismo unas competencias que ya han sido transferidas a otro organismo, salvo que corra el riesgo de que alguien pueda interpretar que está incurriendo en prevaricación, sin que una ley de rango igual o superior revoque la cesión de competencias y revierta las mismas a su anterior depositario.

(5) A mayor abundamiento la declaración de la funcionaria Morón no acabo en esta posición. Según fuentes consultadas por Transparencia, durante su comparecencia expresó su opinión de que las resoluciones que están siendo recurridas se dictaron cuando a la empresa solicitó certificados para la exportación. Cualquier persona puede entender que una empresa ha sido habilitada para fabricar y vender determinados productos para consumo en la República de Panamá es porque cumple con la legislación de la ley 23 de 1997 y que nadie ha puesto impedimentos a dicha actividad. Sin embargo, de esta declaración se entiende que cuando la empresa decide exportar entonces el permiso concedido para el mercado panameño no sirve. Por tanto, se puede deducir que la funcionaria Morón considera, que aquello que sirve para Panamá no sirve para exportar. ¿Cómo se llama a tal actitud en un funcionario? o ¿Cómo se llama la actitud de un funcionario que duda de la validez de resoluciones que se han tomado de acuerdo a la ley panameña vigente simplemente por hecho de que la empresa decida exportar?

(6) Finalmente la funcionaria Morón, según fuentes consultadas por Transparencia, aseveró que en 2014 se publicó el Decreto 99 del MIDA que adopta reglamento técnico centroamericano para medicamentos veterinarios, pero que darían 5 años para adaptar instalaciones y procesos hasta diciembre 2019 y que mientras el MIDA está en coordinación con MINSA, para que emita certificación previa de calidad.

Cualquier persona puede entender que la funcionaria Morón contradice su afirmación sobre que el MIDA no había legislado y que la funcionaria Morón le asigna, provisionalmente, al MINSA una competencia que no está recogida en ninguna normativa del MIDA.

En Transparencia nos preguntamos:

(1) ¿Por qué la funcionaria Morón actúa con esta deferencia hacia MINSA?

(2) ¿Tiene esto alguna relación con que la funcionaria Morón trabajase en el MINSA antes de ser trasladada al MIDA como consecuencia de la aplicación de la Ley 23 de 1997?

(3) ¿Tienen relación los impedimentos burocráticos al desarrollo de la actividad con el hecho de que, al decidir exportar, la empresa tendrá mayores ingresos a la vez que necesitará más de la colaboración de la administración en la emisión de documentaciones oficiales?

(4) ¿Han pensado las autoridades panameñas que la inseguridad jurídica, ocasionada por un funcionario o un organismo, afecta gravemente al desarrollo económico y la imagen del país en el interior y en el exterior?

(5) ¿Han pensado las autoridades panameñas que la grave situación que está atravesando el DINASA del MIDA? (debido a la expulsión de muchos funcionarios al descubrirse una trama de incumplimientos administrativos, concentra potestades en una funcionaria que interpreta, presuntamente, la legislación de forma sesgada vulnerando, presuntamente, las garantías legales que ofrece la ley 23 de 1977 y que, presuntamente, pretenden de imponer decretos del MINSA, que a juicio de expertos consultados, solo son aplicables a la industria farmacéutica humana y que finalmente considera que un producto que puede comercializarse en Panamá no es apto para exportar).

En post anteriores de Transparencia puedes encontrar información alusiva a este tema:

Transparencia 44:  Antonio González Cano

Transparencia 49: Marvin Vega y Celina Frías

Transparencia 52: Jorge Arango ministro del MIDA: de la falta de transparencia al abandono de sus funciones