Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) se desperdicia un tercio de la producción mundial de alimentos y la Comisión Europea estima que en Europa se pierden unos 89 millones de toneladas de alimentos al año, es decir 179 kilos de alimentos por cada habitante. Asimismo, señala a los hogares como el lugar donde mayor desperdicio se produce, con un 42%, del  que el 60% sería evitable; en los procesos de fabricación, un 39%; el 5% en la distribución y el 14% en la restauración y el catering. Sobre el desperdicio de los alimentos en los hogares, el 86,4% se debe a los alimentos sobrantes de las comidas, por raciones excesivas; el 63,6% a productos deteriorados por su mala conservación o exceso de tiempo y el 28,5% son productos caducados. 

En la Editorial 21 de Veterinaria Digital de 24 de Octubre de 2011 citábamos que la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo estudiaba reformar
(por iniciativa de Oreste Rossi y Matthias Groote) la normativa de etiquetaje respecto de la fecha de caducidad. Esta reforma tenía como objetivo ahorrar el desperdicio de alimentos en Europa. Al parecer la normativa ha cambiado y se está transponiendo a la normativa de cada uno de los países integrantes de la Unión.

Ahora el Real Decreto 179/2003 de 14 de febrero ha sido sustituido por el Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, que entró en vigor el 29 de marzo y en consecuencia a partir de ahora, en lugar de fecha de caducidad, las etiquetas llevarán impresas una fecha de consumo preferente que fijará libremente el fabricante en función de las características de su producto, su método de elaboración y su envase y la decisión sobre su consumo recae en el consumidor.

Los cambios se justifican al considerar que la norma de 2003 ha quedado obsoleta, ya que la tecnología actual permite aplicar técnicas y diseñar nuevos envases que permiten alargar la vida de los productos y porque si se ha mantenido la cadena de frío y se ha conservado bien refrigerado, las autoridades sanitarias sostienen que no entraña riesgos para la salud consumirlo días después de que se haya cumplido el plazo.

Esta nueva situación ha provocado diversas reacciones entre los sectores implicados así, los fabricantes consideran adecuado ampliar el plazo porque el desarrollo tecnológico de las cadenas de frío lo permite y que deberán realizar un estudio del verdadero plazo de consumo hasta ahora señalado por razones burocráticas, las organizaciones de consumidores ha pedido  a las empresas que ofrezcan la mayor transparencia sobre los motivos de este cambio y que «se muestren los criterios científicos que se han seguido» para realizar este cambio y algún ministro  ha afirmado que durante muchos años «se ha tomado el pelo a los consumidores» y algunas asociaciones aseguran que «Sin querer ser mal pensados todo parece indicar que hemos estado tirando comida creyendo que caducaba cuando no lo hacía».

En aquella Editorial 21 de Veterinaria Digital se señalaba: “Si las medidas se implantaron de buena fe o como reacción a algún problema de seguridad alimentaria, aunque hayan  sido contraproducentes deberían merecer la reprobación del actual parlamento. Sin embargo si las  medidas fueron implantadas bajo presión, de algún lobby, o en busca del intervencionismo y del enriquecimiento personal el actual Parlamento  debería perseguir penalmente a sus autores y a quienes se enriqueciesen poniéndolo en práctica» y luego preguntábamos: «¿se atreverán a condenar a los delincuentes? (en palabras de Oresti Rossi)».

El primer paso está dado. Han cambiado la normativa de etiquetado, pero la explicación de que se debe a la mejora de las tecnologías nos parece insuficiente y ahora esperamos una reprobación o una condena a quienes , como mínimo, en los 10 últimos años han ocasionado el desperdicio entre 253 y 350 millones de toneladas de alimentos (350,000,000.000 de kg)  y probablemente arruinado u obligado a cerrar a pequeñas industrias a las que no permitieron «vivir» por implantar una legislación que se ha demostrado inadecuada y a nuestro criterio calificable de «legislación ficción».