Con la publicación, Ginebra 1748, de la obra de Montesquieu «Del Espíritu de las Leyes» nació la teoría política de la separación de los poderes en la estructura del Estado, basado en un sistema denominado «checks and balances» (controles y contrapesos).

Han transcurrido casi 325 años del nacimiento de Montesquieu (1689) y la crisis actual ha demostrado, no solo la necesidad del sistema de controles y contrapesos, que algunos han intentado eliminar, si no también la necesidad de ampliarlos.
A la antigua separación de la religión y el estado, durante la Ilustración se añadió la separación entre los poderes del Estado y, ahora, parece necesario complementar con la elección por votación popular directa de los responsables de cada poder y además añadir la separación de la actividad política y de la actividad económica.

Las reformas del mercado laboral, del mercado financiero y los presupuestos estatales, frecuentemente, mal llamados presupuestos favorecedores del desarrollo económico son claros ejemplos de fracasos del sistema surgido, de la nueva unificación de los poderes del Estado, por sus consecuencias negativas sobre la población de los países.

Podemos afirmar que corresponde al Estado controlar la actividad económica para evitar abusos y monopolios, ejercer una cierta actividad redistributiva y garantizar, a la ciudadanía, la igualdad de oportunidades y acceso a la sanidad, la educación, la justicia y la protección de los ancianos, pero cuando el Estado, algunos partidos políticos y algunos políticos se convierten en agentes económicos activos, al no actuar en la mayor parte de los casos como el primer ciudadano en obligaciones y al quedar fuera del sistema de controles y contrapesos, se convierten en un elemento distorsionador. En este sentido un ex defensor del pueblo ha acusado a los poderes de «utilizar las leyes para proteger sus propios intereses y sin asumir sus propias responsabilidades propiciando un Estado arbitrario con políticos, banqueros y ejecutivos que actúan en contra de los ciudadanos»

La creciente deuda pública, la aceptación de la política de puertas giratorias, la utilización de los presupuestos de los Estados y los medios de información como sistema de mantener el status de determinadas organizaciones se evitarían con la necesaria separación entre política y economía y no perviviría una casta extractiva que, manteniendo sus privilegios, empobrece al resto de la población con la subida de impuestos, la consecuente subida del paro, y la reducción de servicios públicos básicos.

La elección directa de cargos públicos de los poderes del Estado y de los representantes políticos, en listas abiertas, forman parte de la solución junto a la separación, sin tolerancia, entre la política y la actividad económica real.