En este blog de Transparencia estamos siempre atentos a la actividad de los organismos públicos a fin de descubrir indicios  que puedan desembocar en la poco deseable opacidad de sus gestiones.

Las administraciones públicas deben de ser transparentes en el uso del dinero público, que es de todos los ciudadanos, pero también en sus normativas regulatorias ya que pueden llevar a la creación encubierta de oligopolios, a la restricción de la competencia en favor de algunos » amigos de lo público» o al sometimiento de la ciudadanía, incluyendo las empresas a un régimen regulatorio imposible de cumplir, con el consiguiente peligro de inducción a la corrupción.

En un país del Sur de Europa la dificultad para abrir nuevas empresa o desarrollar su actividad productiva es elevada debido a la publicación de casi 151.133 páginas con normativa estatal y 715.009 con normativa autonómica( Si…. Han leido bien, cerca de 900.000páginas) para desarrollar 2.896 normas a nivel estatal y 10.261 a nivel autonómico.

La consecuencia visible es la caída del país desde el puesto 42 al puesto 44 del ranking ,en cuanto a facilidad de desarrollo de la actividad productiva, según el Informe Doing Bussines 2013 del Banco Mundial pero las consecuencias imperceptibles a largo plazo pueden ser más dañinas ya que una hipertrofia regulatoria desproporcionada, puede aumentar la falta de transparencia, incrementar la corrupción y hacer caer a los ciudadanos en una crisis económica y moral con precedentes históricos y consecuencias desastrosas como en 1898 y1929.