PRIMERA
Mientras en un país del sur de Europa de cuyo nombre no quiero acordarme el gobierno dice que la ley de Morosidad entró en vigor en julio de 2010 y que en la misma se marca los plazos de los que disponen tanto las empresas privadas como las públicas para abonar el importe de los servicios que les prestan sus proveedores. En el caso de las Administraciones Públicas, el plazo debería ser de 55 días para 2010, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 para 2013 mientras que la realidad indica de las Administraciones Públicas pagan a 163 días en el año 2012.

MIENTRAS LOS ACREEDORES DICEN:
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha hecho balance en de 2012, «un año para olvidar en el que ha caído la actividad, el consumo y se ha batido un récord en cuanto a presión fiscal». Se apoya en los datos para hacer este balance, «los resultados están ahí: más paro, menos actividad y menos autónomos».
 En cifras, «si hablamos en términos netos hemos perdido en torno a 50.000 autónomos y en los últimos 4 años «las bajas superan los 2 millones, 380.000 netos».

El presidente de ATA ha cifrado en «más de 5.000 millones de euros» la deuda de las diferentes Administraciones Públicas con los autónomos. En cuanto a la Administración más morosa ha dicho que «hasta hace poco eran los ayuntamientos los que más debían pero ahora son las Comunidades Autónomas y empresas públicas autonómicas las que más están aumentando la morosidad».

Y MIENTRAS EL GOBIERNO EN VEZ DE AVERGONZARSE DICE:

Que estudia publicar la identidad de los mayores defraudadores y morosos del país con la Hacienda Pública. En esa lista, según datos del Tribunal de Cuentas, habría casi 1,8 millones de nombres.

Y cuántos morosos y defraudadores hay ? Nadie lo sabe con exactitud. Aunque la cifra más aproximada es la que ofrece la Cuenta General del Estado que acaba de remitir el Tribunal de Cuentas al Congreso. Y esta ofrece un dato espectacular. 

A 31 de diciembre de 2010, Hacienda tenía pendiente de recaudar 1.703.295 deudas que llevan más de un año en fase de cobro en vía ejecutiva.

A cuánto asciende esa deuda? Pues una vez minorada dicha cuantía por los créditos que se encontraban en situación de aplazamiento o fraccionamiento, el resultado es que Hacienda quiere cobrar -pese a haber pasado más de un año en vía ejecutiva- nada menos que  8.349 millones de euros.

No todo ese dinero ha sido reclamado judicialmente o está inmerso en un litigio. Según los datos de la Agencia, al cierre del ejercicio 2010 había un total de 13.886 deudas que estaban recurridas en vía contencioso-administrativa, por un importe pendiente de cobro de 6.167 millones.

SEGUNDA
El Gobierno ha aprobado un reciente plan para luchar contra el fraude fiscal que limita el pago en efectivo a 2.500 euros. El incumplimiento de esta restricción podrá acarrear multas de hasta el 25% de las cantidades pagadas.

MIENTRAS LOS CIUDADANOS VEN LIMITADO EL MOVIMIENTO DEL CAPITAL
PROPIO:
Así nadie puede retirar o ingresar  más de 3000 euros de su libreta privada (aún en caso que querer cerrarla), de su dinero privado sin dar explicaciones del origen o destino, ya que tienen que notificarlo al Banco Estatal . Según la ley 10/2010 incluso podría ser exigible en cantidades de 1000 euros

Y MIENTRAS LOS ORGANISMOS PÚBLICOS MUEVEN CAPITAL PUBLICO Y ACUMULAN ESCÁNDALOS:
La lista de escándalos que se acumulan es grande y afecta a partidos e instituciones de todo signo en menor o mayor medida.
1. Ayuntamientos alimentados por los años de la burbuja inmobiliaria acumulan casos de
blanqueo, prevaricación y tráfico de influencias.
2. Gobiernos Centrales y Autonómicos dirigidos por partidos políticos de todo signo acumulan casos de blanqueo, prevaricación, tráfico de influencias y cobros de comisiones por asignación de obra pública.
3. Partidos políticos acumulan casos de soborno, con dinero negro, a cargos públicos a cambio de contratos y tramas de fraude en la obtención de subvenciones públicas con la finalidad de financiar ilegalmente las actividades del partido.
4. Fuerzas de orden público bajo sospecha de colaboración con banda armada y con redes de delincuencia organizada en el tráfico de drogas.
5.Banco Estatal bajo sospecha de dejación de funciones de control a todas las entidades bancarias
6.Jueces denunciados por hacer viajes privados en fin de semana, con cargo a los gastos institucionales y los vocales del órgano que pedían transparencia que se han negado posteriormente a desglosar ante los medios sus propios gastos.
7. Familiares de altas instituciones están siendo investigados por cobros realizados relativos a trabajos no efectuados y a evasión de impuestos, mientras la altas instituciones no pueden ser investigadas por su rango legal especial.