En realidad es indiferente por donde empecemos. Como ejemplo pongamos una comunidad autónoma. Parece una historia común, admitida de todos según el diccionario, pero no lo es. En 2008 una funcionaria M.R., jefa de servicio en activo, crea una sociedad mercantil (I.M.S.L.) cuyo objetivo era prestar servicios de telecomunicaciones, informáticos y creación y custodia de archivos. Desde su puesto como funcionaria promueve la adjudicación publica de trabajos a su propia empresa privada por valor de 663.600 euros. Según declaraciones de la propia interesada los trabajos los realiza ella misma por las noches. Contrata a 5 personas, patrocina un equipo de baloncesto y se compra un piso en el centro de la capital de su comunidad autónoma.

Mientras M.R., trabaja por las noches, los funcionarios de su comunidad autónoma y otras amenazan con una huelga por la propuesta de incremento de su jornada semanal hasta 37,5 horas (2 horas y media mas que hasta ahora) que, aun así, es 2 horas y media menos que la jornada de cualquier trabajador asalariado y muchas menos horas que la jornada de cualquier autónomo o empresario de una pequeña o mediana empresa.

La investigación ha revelado que en dicha comunidad autónoma hay empresas de funcionarios, empresas de familiares directos de los funcionarios, empresas de familiares indirectos de los funcionarios que facturan, todas ellas, a la comunidad autónoma.

Como decíamos no es una historia común, es una historia frecuente, en la que se replican a nivel personal aquello que hace el propio estado. Así en el mismo país a orillas del Mediterráneo, pobre Mediterráneo, el estado dispone de una red de 8894 entes y empresas publicas(1.096 en la Administración del Estado, 2.338 en las comunidades autónomas y 5.460 en los ayuntamientos y entidades locales entre organismos autónomos, entes públicos y entidades públicas empresariales, grupos empresariales, agencias, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles y sociedades participadas ) que sobredimensionan su estructura administrativa con un total de 330.000 empleados y que solo la ingeniería jurídica permitida desde el propio estado ha permitido crear.

Bajo diversas apariencias y disfraces, estas entidades pueden manejar cuentas y contratar personal fuera de cualquier fiscalización publica. En realidad se trata de órganos ideológicos en los que colocar correligionarios y a través de los cuales repartir subvenciones a los lobbys que apoyan al gobierno de turno, agencias de colocación de partidos políticos , pagar clientes políticos, …todo ello con dinero publico, que es de todos los ciudadanos aunque alguna ministra del país en cuestión tuvo la osadía de decir que el dinero publico no era de nadie,

o mejor podríamos decir que confundir dinero publico con dinero de nadie, no es osadía, es ignorancia o algo peor. Una estructura con cientos de miles de empleados, en casi 10.000 entidades, permiten disponer de miles de altos cargos de libre designación,

de miles de liberados y miles de puestos de trabajo que escapan a cualquier control. También hemos podido conocer que dichos altos cargos ganan bastante más dinero que un concejal o un diputado y además pueden montar a su alrededor una trama de empresas cuyos servicios se hacen imprescindibles para obtener aprobaciones de las entidades que dirigen.

En la situación descrita se encuentra la Agencia Española del Medicamento y su altos cargos de libre designación sobre la que en Veterinaria Digital hemos señalado con fecha 28 de septiembre de 2010 (ver blog de transparencia nº 7 https://www.veterinariadigital.com/blog-post.php?id=57 los hechos siguientes:

1. Desde 2000 hasta 2006 ejerció como subdirectora general de medicamentos de uso veterinario de la agencia española del medicamento Margarita Arboix (sin nombramiento oficial publicado en el boletín oficial del estado ver documento nº1).

2. Simultáneamente ejerció como secretaria del comité de evaluación de medicamentos de uso veterinario de la agencia española del medicamento (con nombramiento oficial como vocal en orden de 11 octubre 1999 BOE nº 250 de 19 octubre 1999 pagina 36739 y 36740 ver documento 2)

3. A la par de ejercer estos cargos Margarita Arboix ejerce como directora del SERAF. Esta entidad en su página web ofrece, entre otros, los siguientes servicios: validación de métodos analíticos, realización de estudios de bioequivalencia, realización de estudios de biodisponibilidad y formulaciones farmacéuticas veterinarias de uso veterinario y asesoramiento sobre los estudios necesarios para el registro de formulaciones farmacéuticas veterinarias. (Ver documento 3)

Es decir Margarita Arboix ofrece, a los laboratorios veterinarios, a través de SERAF el servicio de estudios necesarios que precisan para superar los tramites de registro o renovación en la CODEMVET (de la que ella es secretaria) perteneciente a la agencia española del medicamento (de la que ella misma actúa como subdirectora general) En Veterinaria Digital disponemos de documentos que demuestran que lo anteriormente indicado se ponía en la práctica con una lista concreta de clientes(todos ellos laboratorios españoles) de SERAF así como de una oferta concreta de diciembre de 2001 (dentro del periodo de ejercicio de Margarita Arboix como subdirectora de la agencia española del medicamento y responsable de Seraf) por el importe de 9.113.880 pts. (equivalente a 54.683 euros) por la realización de un estudio sobre oxitetraciclina con la finalidad de convalidar el registro veterinario.

Debemos tener en cuenta que aquella época existían unos 10,000 productos registrados en la agencia española del medicamento y organismos responsables anteriores con lo cual el volumen aproximado del posible negocio seria pues de 90,000 millones de las antiguas pesetas o 540 millones de euros, cada 5 años, solo en el sector de los medicamentos veterinarios.

En la situación descrita se encuentra nuevamente la Agencia Española del Medicamento sobre la que en Veterinaria Digital hemos señalado con fecha 08 noviembre de 2010 (ver blog de transparencia nº 10 https://www.veterinariadigital.com/blog-post.php?id=66 los hechos siguientes:

1. Actualmente en 2010 Cristina Avendaño Sola, actúa como Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por acuerdo de nombramiento de 23 de agosto de 2006, del Subsecretario de Sanidad y Consumo en sustitución de María del Val Diez.

Este nombramiento no ha sido publicado en el B.O.E tal y como legalmente es preceptivo para los cargos ministeriales de tal rango y naturaleza, hecho éste que motiva que se desconozca en base a que méritos o concurso de aspirantes ha sido realizada esta designación.

2. En el período transcurrido entre 1990 y 1995, Cristina Avendaño actuó como asesora técnica de la Subdirección de Evaluación de Medicamentos de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios en actividades relacionadas con ensayos clínicos autorización de medicamentos.

3. A partir del año 2000, es responsable del Servicio y de la Unidad de Investigación Farmacológica del mismo hospital, orientada a la asesoría y realización de ensayos clínicos con medicamentos.

4. En el documento que se adjunta se puede comprobar como la actual Directora General de la Agencia Española de Medicamentos aparece asimismo referenciada como la persona de contacto del Servicio de Farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid y, paradójicamente, entre los proyectos que dice realizar el meritado Servicio, se encuentra, entre otros, la «Asesoría científica, técnica y regulatoria en materia de desarrollo clínico de medicamentos de uso humano».

Estos hechos han sido denunciados a la Fiscalía Anticorrupción, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Tribunal Mercantil de Madrid pero la Justicia todavía no ha presentado cargos al respecto y la investigación avanza lentamente gracias al empeño de ciudadanos privados.

Los mal pensados dirían que los sucesivos gobiernos no tienen la más mínima intención de acabar con estas situaciones, porque eso equivaldría a acabar con las agencias de colocación con la que cuentan los partidos políticos, que les sirve para mantener el control social, y buscar acomodo a correligionarios y miembros de lobbys de apoyo.

Los ciudadanos comunes y profesionales empiezan a creer que el problema de muchos países a orillas del Mediterráneo, pobre Mediterráneo, esta en el entramado público y en la ineficacia de una justicia incluida en el mismo entramado.

En Veterinaria Digital nos parece vergonzoso que todavía se culpe a los ciudadanos privados (cuando en realidad pagan sus créditos con su dinero) a los bancos (cuando en realidad fueron Cajas o Montes de Piedad bajo gestión política, después rebautizados como bancos, para camuflar su responsabilidad) o a las empresas privadas (cuando en realidad son clientes obligados de agencias del entramado publico o tuvieron que solicitar créditos para desarrollar su actividad y que una bajada de impuestos hubiese hecho innecesarios) mientras el sector publico sigue sin limpiar situaciones, como las señaladas en este blog, e incrementando la deuda publica que como bien debería saber la citada ministra es deuda de todos los ciudadanos que al final se paga con la subida de impuestos.