Si unos auditores analizasen una empresa dedicada a prestación de servicios con más de 3 millones de empleados que utiliza casi el 50% de sus ingresos, como promedio, a gastos de personal y sigue contratando personal, que tiene unas 600.000 facturas por pagar, algunas desde hace años, que gasta en actividades lúdicas y de comunicación (cine, teatro, circo, televisión) unos 10 millones de euros y que subvenciona a parte de sus clientes para que dejen de trabajar (por ejemplo agricultores o ganaderos 30 Enero 2013, y transportistas autónomos 3 de julio 2013 ), dichos auditores probablemente informarían a los dueños, de la empresa, sobre la necesidad inmediata de cesar a los gestores y de cambiar el modelo de estructura social e incluso es probable que alguna asociación de «indignados» presentase alguna querella por fraude, mala administración, enriquecimiento personal y solicitase la devolución salarios y primas cobradas.

Pues bien, si consideramos que la Administración Pública es asimilable, mediante el contrato social entre el ciudadano y el Estado, a una empresa de prestación de servicios, que debe garantizar la igualdad de oportunidades y los servicios básicos de educación, salud y seguridad, y unos auditores externos e independientes evaluasen las Administraciones Públicas de algunos países del Sur de Europa, se encontrarían con la misma situación, que la descrita al principio, agravada por numerosas quejas sobre la calidad de los servicios prestados algunos de los cuales se pagan dos veces.

A esta situación hay que unir el coste de la corrupción en la adjudicación de contratos, y cobros de «ayudas a la tramitación» valorado en unos  40.000 millones anuales, la reducción de inversión, los casos que no se detectan o no pueden ser probados judicialmente, o el desánimo en la población, que deja de emprender proyectos personales y profesionales por miedo a que la corrupción los frene.

Quizás es hora de que los dueños de la empresa, en este caso los ciudadanos, empiecen a reclamar a los gestores y a pensar en un cambio de la estructura social, siguiendo el consejo de auditores externos e independientes.