En Julio de 2013 la organización Tranparency International ha publicado los resultados del «barómetro de global de la corrupción 2013»

http://www.transparencia.org.es/BAROMETRO_GLOBAL/Barómetro_Global_2013/Global_Corruption_Barometer_2013.pdf
del cual se desprenden los siguientes comentarios:

(1) Que el 55% de los ciudadanos de 107 países consideran que el estado interviene de forma excesiva en la economía, alcanzando el 49% del PIB en la UE, y que el intervencionismo incrementa el gasto público y este la posibilidad de corrupción.
(2) Que el 75% de los ciudadanos considera que la corrupción ha aumentado en los últimos años y señala un encarecimiento de los contratos públicos entre el 10 y el 20% debido a la corrupción.

(3) Que la mayoría tolera la corrupción mientras reciba algo de ella en forma de subvenciones, contratos o puestos de trabajo.

Otra institución, el Banco Mundial, informa que la corrupción puede afectar al 0.5% del PIB de un país y que en el caso de los países de la OCDE puede llegar al 2%.                         

En Transparencia de Veterinaria Digital consideramos que estas cifras son insuficientes si se tienen en cuenta las consecuencias colaterales de la corrupción en  términos de inhibición de inversión en producción y en investigación. Estas inhibiciones no se contabilizan pero a largo plazo producen la desolación económica de los países por perdida de mercados y de competitividad de los clientes de las nuevas tecnologías no investigadas. Así una intervención estatal injustificable en la producción de fármacos o vacunas, además de ser una probable fuente de corrupción, pude producir ausencia de inversión en su producción y la ausencia de investigación de nuevos fármacos con la consiguiente pérdida para las industrias avícolas y ganaderas.

Es peligroso pensar que de la crisis derivada de la corrupción se puede salir con más dinero público ya que este probablemente iría destinado al mantenimiento del «status quo» de actividades innecesarias. Tampoco se puede salir con manifestaciones de «falsos indignados» muchos de los cuales son probablemente perceptores de dinero público por clientelismo político. Estas soluciones pueden arrastrar a la quiebra a las principales instituciones económicas estatales (seguridad social y fondo de pensiones), a las entidades financieras involucradas en la deuda pública, a las empresas empezando por las que el estado debe dinero y a las familias empobrecidas por los impuestos y la falta de trabajo.

La reducción del intervencionismo estatal, manteniendo los servicios básicos sanitarios, educacionales y de seguridad que den igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, la desregularización de aquellas medidas que se  han mostrado fuente de corrupción (que hemos denunciado en Transparencia en muchas ocasiones en el ámbito de la salud y producción animal y salud humana) , y la depuración de responsabilidades económicas y penales a los responsables de la situación son imprescindibles para devolver la confianza a los inversores e investigadores.