Al igual que Tucidides (460-396 A.c.), también Marcus Tullius Cicero (106-43 A.c.) nos ha dejado
textos clásicos relacionados con la falta de transparencia en las administraciones públicas.

«In Verrem» (70 A.c.) pone de manifiesto la corrupción de Cayo Verres propretor de Sicilia
y define el término concusión como el aprovechamiento de un cargo público para el
enriquecimiento personal.

“Pro Fonteio” (69 A.c.) y «Pro Rabirio Postumo»(54 A.c.) ponen de manifiesto la prevaricación de Marcus Fonteius  y malversación de fondos públicos por parte de Cayo Rabirio Postumo.

Cicerón define, hace 2100 años; tres situaciones que pueden considerarse actuales: malversación de fondos públicos, prevaricación y concusión.

Este ultimo concepto, la concusión, se incluye en un termino generalista: corrupción
pero tiene matices importantes ya que se trata de usar el cargo publico para obtener
beneficio personal.

Es tan grave el delito que algunas legislaciones anticorrupción, actuales, dedican artículos específicos a la concusión tal como reproducimos a continuación:

«Articulo 218. Comete el delito de concusión: el servidor publico que con el carácter de tal y a titulo de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por si o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la ley.
 Al que cometa el delito de concusión se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando la cantidad del valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el distrito federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta veces a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el distrito federal en el momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
 
Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el distrito federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el distrito federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.»

Tal como sabían, Tucidides y Cicerón, la regulación del estado, necesaria en muchos aspectos, le permite a algunos funcionarios y políticos enriquecerse personalmente usando su cargo publico.
Debemos reflexionar si la excesiva intervención estatal, en algunos sectores, es una necesidad aceptable o una finalidad perseguida por grupos organizados de personas
con la finalidad de usar dicha regulación para enriquecerse ya que al ser difícil cumplir
las condiciones de la regulación, que han promovido ellos mismos, pueden  aprovechar la situación para ofrecer informes o servicios que les faciliten la tarea al administrado y les permita enriquecerse a ellos.