En anteriores entregas de Transparencia hemos explicado la vinculación, de varios vocales, subdirectora y directoras de la agencia española del medicamento todos ellos miembros del Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso Veterinario, a intereses privados y grupos universitarios que ofrecían servicios relacionados con la aprobación de comercialización de medicamentos veterinarios.

En la presente información explicaremos que:

a) El primer Comité funciono con todos sus nombramientos caducados durante 1 año y 7 meses

b) La renovación de este comité se realizo sustituyendo a la anterior subdirectora de la agencia (vinculada al servicio SERAF de la Universidad Autónoma de Barcelona) por otro vocal investigadora de CRESA (fundación privada de la Universidad Autónoma de Barcelona e IRTA entre cuyos objetivos esta transferir al sector los avances científicos)

c) el segundo comité de evaluación de medicamentos de uso veterinario

lleva, salvo información desconocida por nosotros, 1 año y 8 meses caducados.

En efecto en el Boletín Oficial del Estado: 19 de octubre de 1999, Núm. 250 puede leerse:

«El Real Decreto 520/1999, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española del Medicamento, establece en la disposición adicional cuarta que el nombramiento de los miembros de los órganos colegiados de la Agencia se realizará por Orden del Ministro de Sanidad y Consumo. El artículo 23.1 del mencionado Real Decreto dispone que el Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso Veterinario estará compuesto por cinco Vocales por razón de su cargo y doce Vocales nombrados por el Ministro de Sanidad y Consumo por un período de cuatro años, entre expertos de reconocido prestigio y dedicación en el ámbito de las ciencias y las técnicas relacionadas con el medicamento de uso veterinario» y un poco más adelante «en virtud de lo cual se nombran los Vocales que a continuación se citan:

A propuesta de la Asociación Empresarial de la Industria Farmacéutica Veterinaria: Don Santiago de Andrés Juárez» «A propuesta del Director de la Agencia Española del Medicamento, previa conformidad con el Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación: Don Arturo Anadón Navarro, doña Margarita Arboix Arzo……”

Ya señalamos que Santiago de Andrés era gerente de Veterindustria y por lo tanto tiene intereses en el sector industrial y que Margarita Arboix es simultáneamente directora del SERAF y que por lo tanto tiene intereses en el asesoramiento para presentar la documentación necesaria para obtener la aprobación de comercialización de productos veterinarios.

Este primer comité de 1999 tenía por tanto y como mínimo dos vocales que además de estar en el comité tenían intereses particulares en el sector industrial y de asesoramiento.

Los nombramientos de este primer comité de19 de octubre de 1999 tenían vigencia por cuatro (4) años. Es decir caducaban el 19 de octubre de 2003.

Después de 1 año y 7 meses de retraso (comité de evaluación caducado) el Ministerio de Sanidad y Consumo pública (BOE 95 de 21/4/2005) la Orden SCO/1031/2005, de 6 de abril, por la que se nombran los miembros del Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso Veterinario de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En la que puede leerse: «A propuesta de la Asociación Empresarial de la Industria Farmacéutica Veterinaria: Don Santiago de Andrés Juárez.»

Repite la presencia de un representante de la industria con intereses en la fabricación de medicamentos veterinarios, Más adelante puede leerse:

«A propuesta de la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, previa conformidad con el Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación: Doña Natalia Majó Masferrer»

Es una investigadora de CRESA. Fundación privada de la Universidad Autónoma de Barcelona e IRTA entre cuyos objetivos esta transferir al sector los avances científicos. Es decir pertenecerá al comité de evaluación la misma persona que pertenece a la institución privada que ha investigado. Por tanto se repite la situación de Margarita Arboix (aunque en este segundo caso no es subdirectora) de ofrecer servicios y luego estar presente en el comité de evaluación.

A la vista de los hechos podemos preguntarnos:

1. ¿Porqué esta sustitución de un miembro de un centro de la U.A.B por otro coincidiendo con ofrecer servicios y estar en el comité de evaluación?

2. ¿Cuál es el objetivo de esta presencia?

3. ¿Cuál es el destino de los fondos recibidos para el asesoramiento en la UAB?

4. ¿Existe un control del centro universitario al que pertenece CRESA sobre los contratos y los ingresos realizados por este concepto?

5. ¿Existen facturas emitidas por estos servicios de CRESA a sus clientes que a la vez eran solicitantes de tramitaciones en subdirección de medicamentos de uso veterinario de la agencia española del medicamento ambos con la participación de Natalia Majo?

6. ¿Existe una relación entre numero estudios encargados a CRESA (Natalia Majo) y número de expedientes aprobados en Codemvet (vocal Natalia Majo) durante los años 2005 a 2009?

7. ¿Qué cantidades habrá recaudado el CRESA a través de este «circulo» y a que finalidad se habrán destinado los indudables beneficios obtenidos de esa forma?»

8. ¿Se ha renovado el 2º comité cuyos nombramientos expiraban el 21 de abril de 2009, hace ya 1 año y 8 meses?

9. ¿Como un comité que influye decisivamente en la libre competencia de mercado de un sector tecnológico puede acumular tal cantidad de presuntas irregularidades en los nombramientos y duración de los mismos?