Recientemente un gobierno europeo ha anunciado un plan de austeridad consistente en que se reduce la retribución de los directivos de las empresas públicas. Dejando aparte las grandes empresas, cuya comparación con otras empresas privadas se hace difícil en el espacio de una editorial, es preciso fijar la atención en la comparación con pequeñas y medianas empresas privadas ya que este sector empresarial es el que mayor cantidad de empleo crea en todos los países europeos.

El plan de austeridad consiste en que los directivos de empresas medianas cobrarán como límite máximo 80.000 euros al año y las de menor dimensión 55.000 euros al año además de unos complementos en función del puesto ocupado, que fijará el Ministerio de Hacienda, y una retribución variable «absolutamente ligada» a objetivos que también establecerá Hacienda. En cambio, no se podrán añadir retribuciones en especie (vivienda, manutención, seguros de vida…) que superen el límite fijado. En ningún momento se cita que, si alguna empresa pública presenta resultado negativo, los directivos verán reducida su retribución.

El plan de austeridad prevé también la limitación a 15 consejeros como número máximo que podrán tener las empresas públicas de mayor tamaño. Las medianas no podrán contar con más de 12 directivos y las más pequeñas, con un máximo de nueve.

Finalmente dicho gobierno considera que este plan supondrá una rebaja de entre el 25% al 35% en los sueldos de estos ejecutivos y que en consecuencia «serán inferiores a los que se manejan en el sector privado para empresas similares pero son salarios razonables»

Los países de la Unión Europea están en grave peligro al estar en las manos de semejantes gobiernos que desconocen o hacen creer que desconocen la situación de las pequeñas y medianas empresas privadas, en un ejercicio de metateatro, al más puro estilo de Luigi Pirandello .Analicemos las dos principales cuestiones:

1. La retribución del directivo de una pequeña empresa pública será de 55.000 euros. ¿Se ha preguntado el gobierno cuantos pequeños empresarios de su país ganan 55.000 euros? Sin miedo a equivocarnos podemos decir que casi ninguno. ¿Cómo el gobierno se atreve a decir que se trata de salarios razonables y que son inferiores a los que se manejan en el sector privado?

2. El número máximo de consejeros será de 9 para las pequeñas empresas publicas ¿Se ha preguntado el gobierno cuantas pequeñas empresas de su país pueden permitirse, por razones económicas, tener 9 consejeros? Sin miedo a equivocarnos podemos decir que casi ninguna.

Si concluimos que el gobierno no desconoce las retribuciones medias de los empresarios, ya que dispone de la información fiscal de cada uno de ellos, tendremos que concluir que están haciendo una labor de metateatro (esta modalidad consiste en introducir “el teatro dentro del teatro” para presentar la idea de que el mundo es un teatro, y también de que el teatro es un mundo, haciendo creer al espectador que es realidad una parte del guion). ¿Y cuáles pueden ser los objetivos de este ejercicio cuasi teatral? Sin miedo a equivocarnos primero la de ocultar el despilfarro de la situación anterior (se desconoce si algún directivo ha sido obligado a devolver el dinero o las retribuciones en especia recibidas de forma inadecuada) y segundo la de mantener unos puestos de trabajo privilegiados, sin riesgo para el capital propio invertido, sin riesgo en caso de balances negativos y todo ello disfrazado de una burla carnavalesca: austeridad y sacrificio.

Quizás los ciudadanos de la Unión Europea, y en especial los agricultores y ganaderos sometidos al más estricto control estatal y a una situación de ruina económica, puedan empezar a pensar que tales empresas públicas son innecesarias y que los estados en un ejercicio real de austeridad deberían cerrarlas, venderlas y devolver a la ciudadanía, en forma de reducción de impuestos, aquellos dineros suyos despilfarrados. Si fuese cierto que son necesarios los servicios que prestan estas empresas públicas deberían incluirse en la administración general del estado y así dejar de formar parte de un sector de cuya transparencia hay dudas razonables.